La familia, contando con la ayuda de los médicos y de la Plataforma por una Sanidad Universal en Catalunya, con la que contactaron, logró que el centro público reconociera su error y les devolviera el dinero, 1.000 que habían pagado de una cantidad total de 5.000 que el centro les solicitaba.
No contaban con tarjeta sanitaria, pero la normativa estatal y autonómica establecen que se debe garantizar la atención urgente hasta el momento del alta médica a menores de edad extranjeros, en calidad de residentes españoles. Se trataba, por lo tanto, de un caso de facturación ilegal que era, en realidad, una “lamentable error”, siguiendo la información de eldiario.es.
